Para echar a unos okupas legalmente tienes tres vías. Puedes llamar a la policía si están entrando o si ocupan tu vivienda habitual o tu segunda vivienda (allanamiento de morada). También puedes denunciarlos por la vía penal, que desde abril de 2025 se tramita por juicio rápido. Y la tercera opción es presentar una demanda civil de recuperación inmediata de la posesión (Ley 5/2018). No existe ningún plazo legal de 48 horas, y lo que nunca debes hacer es entrar por la fuerza, contratar una empresa «desokupa» o cortar los suministros por tu cuenta.

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Primero: identifica qué tipo de ocupación tienes

La vía correcta depende de quién ocupa, de qué inmueble se trata y de cómo entraron. Elegir mal el procedimiento es la causa más habitual de meses perdidos. Esta tabla te orienta en un minuto:

Situación	Qué es legalmente	Vía principal
Okupas en tu vivienda habitual o en una segunda vivienda que usas	Allanamiento de morada (art. 202 CP)	Policía inmediata, sin orden judicial, y denuncia penal
Okupas en un piso vacío, heredado, en venta o sin uso	Usurpación (art. 245.2 CP)	Denuncia y juicio rápido, o demanda civil de la Ley 5/2018
Inquilino que dejó de pagar o no se va al acabar el contrato («inquiokupa»)	No es un okupa: es un arrendatario incumplidor	Desahucio por falta de pago o por expiración del plazo (art. 250.1.1º LEC)
Familiar, expareja o conocido que vive sin contrato ni pagar	Precario	Desahucio por precario (art. 250.1.2º LEC)
Okupas en el piso de un vecino o en zonas comunes	Depende de quién sea el propietario	Acción de la comunidad (art. 7.2 LPH) y denuncia

Allanamiento de morada o usurpación: la diferencia que lo cambia todo

La clave es si la vivienda ocupada es la morada de alguien, es decir, el espacio donde una persona desarrolla su vida privada, aunque sea de forma intermitente.

Okupas en tu primera vivienda

Si entran en tu casa habitual, o en ella permanecen contra tu voluntad, es allanamiento de morada. Se castiga con prisión de seis meses a dos años, y de uno a cuatro años si hay violencia o intimidación. Es un delito que se sigue cometiendo mientras dura la ocupación, así que la policía puede y debe desalojar en cualquier momento, sin esperar a un juez. Así lo recogen la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad y la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado.

Okupas en tu segunda vivienda

Una segunda residencia (casa de vacaciones, piso de fin de semana, vivienda que usas de vez en cuando) también se considera morada si se usa de verdad, aunque no estés allí en ese momento. Conviene acreditarlo con muebles, enseres, consumos de suministros, empadronamiento de algún familiar o fotos recientes.

Si la vivienda lleva años vacía, sin muebles ni uso, lo normal es que se trate como usurpación. La usurpación sin violencia se castiga solo con multa de tres a seis meses, y en ese caso la policía no suele desalojar sin orden judicial salvo que sorprenda la entrada.

Si el propietario es un banco, un fondo o una empresa, casi siempre será usurpación.

El mito de las 48 horas: qué es realmente la flagrancia

Ninguna ley dice que pasadas 48 horas los okupas «adquieran derechos». Es una creencia muy extendida que nace de la práctica policial.

• Si es tu morada, da igual que hayan pasado dos horas o dos semanas: es allanamiento y la policía puede actuar.
• Si es usurpación, la policía actúa sin orden cuando sorprende la entrada o la detecta inmediatamente después (flagrancia). Por ejemplo, si un vecino avisa mientras están forzando la puerta. Si los okupas ya están instalados y alegan que viven allí desde hace tiempo, lo habitual es que los agentes los identifiquen, levanten atestado y remitan el asunto al juzgado.

Por eso la velocidad importa tanto. Cuanto antes llegue la policía, más fácil es acreditar la flagrancia y conseguir el desalojo en el acto. Buscar cómo echar a un okupa en 24 horas solo tiene una respuesta realista: avisar al 091, al 062 o al 112 en el momento en que se detecta la entrada.

Qué hacer hoy si tienes okupas en tu casa: pasos inmediatos

1. No entres ni te enfrentes a ellos. Cualquier altercado puede volverse en tu contra.
2. Llama a la policía (091 Policía Nacional, 062 Guardia Civil o 112) y pide que acudan a identificar a los ocupantes y levanten atestado.
3. Reúne la prueba de propiedad: escritura, nota simple del Registro (se pide online por unos pocos euros), recibos de IBI, de suministros y de comunidad.
4. Acredita el uso de la vivienda si es tu morada o segunda residencia: fotos, facturas de consumo, testigos.
5. Habla con los vecinos para saber cuándo entraron y quiénes son. Sus testimonios pueden acreditar la fecha de la ocupación.
6. Presenta denuncia si la policía no desaloja en el acto, y guarda copia.
7. Contacta con un abogado especialista ese mismo día. Así se decide si conviene la vía penal, la civil o ambas coordinadas.

Vía penal: denuncia y juicio rápido (LO 1/2025)

La Ley Orgánica 1/2025, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde el 3 de abril de 2025, incluyó el allanamiento de morada y la usurpación entre los delitos que se tramitan por el procedimiento de enjuiciamiento rápido (art. 795 LECrim).

En la práctica, si la policía identifica a los ocupantes y elabora el atestado, el caso pasa al juzgado de guardia. El juicio puede celebrarse en un plazo muy breve y caben sentencias de conformidad. Además, tu abogado puede pedir como medida cautelar el desalojo de la vivienda sin esperar a la sentencia, siguiendo los criterios de la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía.

Sus límites son claros:

• Depende de que la policía identifique a los ocupantes y aporte un atestado completo. Si no, la causa se tramita como diligencias previas y se alarga.
• En usurpación sin violencia la pena es solo de multa, y el juez exige acreditar que no consentiste la ocupación.
• Los plazos reales varían mucho según el partido judicial.

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Vía civil: el desahucio exprés de okupas de la Ley 5/2018

La Ley 5/2018, de 11 de junio, creó un juicio verbal específico para recuperar de forma inmediata una vivienda ocupada (art. 250.1.4º, párrafo segundo, de la LEC). Es la vía que más utilizamos para propietarios particulares cuando no ha habido flagrancia.

Pueden usarla: personas físicas propietarias o poseedoras legítimas, entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer la vivienda y entidades públicas propietarias de vivienda social.

No pueden usarla: bancos, fondos y sociedades mercantiles.

Cómo funciona, paso a paso

1. Demanda contra «ignorados ocupantes». No necesitas conocer sus nombres. Se adjunta el título de propiedad y se pide la entrega inmediata de la posesión.
2. Notificación en la vivienda. El juzgado notifica a quien se encuentre allí y requiere a los ocupantes para que, en cinco días, aporten un título que justifique su estancia, como un contrato real.
3. Auto de entrega inmediata. Si no aportan título suficiente, el juez ordena por auto la entrega de la vivienda al propietario. Contra ese auto no cabe recurso.
4. Lanzamiento. La comisión judicial, con apoyo policial si hace falta y un cerrajero, devuelve la posesión. Con el consentimiento de los ocupantes se comunica a servicios sociales.
5. Sentencia. Si no hay oposición fundada, se dicta sentencia sin más trámites. Los ocupantes solo pueden oponerse alegando que tienen título o que el demandante no lo tiene.

Dos cuestiones procesales que conviene conocer:

• MASC. Desde abril de 2025 la LO 1/2025 exige, con carácter general, intentar un medio adecuado de solución de controversias antes de demandar. La tutela sumaria de la posesión del art. 250.1.4º está entre los supuestos exceptuados, lo que encaja con la imposibilidad práctica de negociar con ocupantes desconocidos. En el precario o en el desahucio contra un inquilino, en cambio, sí se exige.
• Datos sobre vulnerabilidad. Tras la Ley 12/2023, la demanda debe indicar si la vivienda es residencia habitual del ocupante y si el demandante es gran tenedor (art. 439.6 LEC). Si eres gran tenedor y el ocupante es vulnerable, hay requisitos adicionales. Un particular con una o pocas viviendas normalmente no es gran tenedor.

Sobre la suspensión de lanzamientos por vulnerabilidad del llamado «escudo social»: se ha ido prorrogando año a año y su continuidad en 2026 ha estado sujeta a vaivenes parlamentarios. Te lo explicamos en qué cambia con el fin de la protección por vulnerabilidad en 2026. Incluso cuando ha estado vigente, no protegía ocupaciones de la vivienda habitual o segunda residencia de una persona física, ni las entradas con violencia, ni las viviendas usadas para actividades delictivas. Tampoco se aplicaba cuando el propietario era una persona física con diez viviendas o menos.

¿Y si el propietario es una empresa o la vivienda es de un banco?

Las personas jurídicas con ánimo de lucro no pueden acudir a la Ley 5/2018. Tienen que usar la denuncia penal por usurpación, el juicio verbal de tutela de la posesión ordinario o el desahucio por precario, que suelen ser más lentos.

Inquiokupas: cuando el «okupa» tiene contrato

Si quien no se va entró con contrato de alquiler, no es un okupa a efectos legales y no sirven ni la Ley 5/2018 ni la denuncia por usurpación. Te explicamos el porqué en desahucio por impago frente a ocupación ilegal. La vía es el desahucio por falta de pago o por expiración del plazo (art. 250.1.1º LEC), y tiene tres claves:

• Burofax con al menos 30 días de antelación. Si requieres el pago de forma fehaciente al menos 30 días antes de demandar y no paga, el inquilino pierde la posibilidad de enervar el desahucio. Enervar significa pagar lo debido antes del juicio y quedarse en la vivienda (art. 22.4 LEC). Solo se puede enervar una vez, y nunca cabe frente a un okupa. Un burofax bien redactado puede servir además para el intento de negociación previa (MASC) que se exige desde abril de 2025. Su coste en Correos suele rondar entre 25 y 40 € según extensión y servicios, aunque puede variar.
• Duración del contrato. El inquilino tiene derecho a prórroga obligatoria hasta 5 años, o 7 si el arrendador es persona jurídica (art. 9 LAU), y a una prórroga tácita anual de hasta 3 años más (art. 10 LAU). La Ley 12/2023 añadió prórrogas extraordinarias en ciertos casos, como zonas tensionadas o vulnerabilidad. Si el contrato vence y sigues cobrando sin oponerte, puede operar la tácita reconducción del art. 1566 CC. Por eso conviene comunicar la no renovación en plazo y por escrito.
• Vulnerabilidad. Si el inquilino acredita vulnerabilidad, el juzgado puede suspender el procedimiento unos meses mientras intervienen los servicios sociales: dos meses si el propietario es persona física y cuatro si es persona jurídica.

Cortar la luz o el agua a un inquilino es coacción: él sí tiene derecho legítimo a disfrutar de la vivienda.

Qué NO hacer: «trucos» para echar a un okupa que pueden salir caros

Muchos propietarios desesperados buscan cómo echar okupas «por las malas». Estos son los errores que más vemos:

• Contratar una empresa «desokupa». No tienen ninguna habilitación legal para desalojar. Si usan intimidación, fuerza o amenazas, tanto ellos como tú podéis acabar denunciados por coacciones (art. 172 CP), amenazas o realización arbitraria del propio derecho (art. 455 CP). Además, el okupa puede alegar lesiones o daños. Lo analizamos en por qué la vía judicial es la única segura.
• Entrar por la fuerza o cambiar la cerradura con ellos dentro. Hay resoluciones que han considerado delito la entrada del propietario en la vivienda donde los ocupantes ya residen. Esperar a que salgan para cambiar la cerradura tampoco te protege de una denuncia.
• Cortar los suministros por tu cuenta. Darte de baja de los contratos a tu nombre suele ser defendible frente a un okupa, que no tiene un disfrute legítimo de la vivienda. Pero retirar contadores, manipular instalaciones o hacerlo sin asesoramiento puede acabar en denuncia por coacciones. Si tienen un enganche ilegal, avisa a la distribuidora. Más detalle en los riesgos de cortar la luz y el agua al okupa.
• Pagar en efectivo «por la llave» sin documentarlo. Un acuerdo de salida voluntaria es legal y a veces es lo más rápido. Pero debe firmarse por escrito, con entrega de llaves y renuncia a la posesión, preferiblemente con abogado. Si no, pueden cobrar y quedarse, o volver.

Los «trucos» que sí funcionan son legales y aburridos:

• Actuar rápido.
• Documentarlo todo.
• Tener vecinos que avisen.
• Instalar alarma y cerradura de seguridad en viviendas vacías.
• Elegir bien el procedimiento desde el primer día.

Okupas en la vivienda de un vecino: qué puede hacer la comunidad

Es una de las situaciones más frustrantes. La comunidad de propietarios no es dueña del piso, así que no puede presentar la demanda de la Ley 5/2018 ni un desahucio en nombre del propietario. Sí tiene herramientas propias:

1. Localizar al propietario. El presidente o el administrador pueden pedir una nota simple al Registro para identificarlo y requerirle por escrito que actúe. El propietario sigue siendo responsable de las cuotas de comunidad y de los daños.
2. Denunciar los delitos que afectan a la comunidad: daños en elementos comunes, enganches ilegales a la luz o al agua comunitaria, amenazas, tráfico de drogas.
3. Acción de cesación (art. 7.2 LPH). Si los ocupantes realizan actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, el procedimiento es este:
   • El presidente les requiere para que cesen.
   • Si continúan, la junta autoriza la demanda contra el propietario y los ocupantes, que puede incluir la petición de cesación cautelar.
   • Si el infractor no es el propietario, la sentencia puede declarar extinguidos sus derechos sobre la vivienda y ordenar su inmediato lanzamiento.

   La mera presencia de okupas no siempre basta: los tribunales suelen exigir molestias o actividades ilícitas acreditadas. Por eso conviene documentar incidencias, avisos a la policía y quejas vecinales.

4. Zonas comunes ocupadas (trasteros, cuartos de contadores, azoteas): aquí la comunidad sí es la perjudicada directa. Puede denunciar la usurpación y ejercer acciones posesorias o de precario.

Si eres el propietario del piso ocupado y la comunidad te está presionando, lo más eficaz es coordinar su acción con la tuya. Sus testimonios y sus denuncias refuerzan tu demanda.

¿Cuánto cuesta y cuánto tarda echar a unos okupas?

En Desahucios Express trabajamos con precio cerrado desde 690 €, que incluye el estudio del caso, la demanda, la reclamación de rentas y la asistencia a juicio. A eso pueden sumarse costes de terceros, que son orientativos y pueden variar:

• Procurador, cuando es preceptivo: habitualmente entre 150 y 400 €.
• Nota simple: unos pocos euros.
• Burofax, si hay inquilino.
• Cerrajero el día del lanzamiento.

Las personas físicas no pagan tasa judicial. Tienes el desglose completo en cuánto cuesta echar a unos okupas por la vía legal.

En cuanto al tiempo, no te daremos una cifra cerrada porque dependerá del juzgado que te toque, de si hay flagrancia, de si los okupas se oponen y de si alegan vulnerabilidad. La Ley 5/2018 y el juicio rápido están diseñados para resolver en semanas cuando los ocupantes no tienen título. En juzgados saturados puede tardar más. Lo que sí podemos asegurarte es que cada día que pasa sin actuar juega a favor del ocupante.

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Preguntas frecuentes

¿Puede la policía echar a los okupas sin orden judicial?

Sí, si es allanamiento de morada (tu vivienda habitual o una segunda residencia en uso) o si los sorprende entrando o justo después (flagrancia). En usurpación de una vivienda vacía y con los okupas ya instalados, normalmente los identifica y remite el caso al juzgado, donde se puede pedir el desalojo cautelar.

¿Se puede echar a un okupa en 24 o 48 horas?

Solo si la policía actúa en flagrancia o se trata de tu morada. El famoso plazo de 48 horas no existe en ninguna ley. Fuera de esos casos hace falta resolución judicial, aunque la Ley 5/2018 y el juicio rápido acortan mucho los plazos.

¿Puedo cortar la luz y el agua a los okupas?

Darte de baja de los contratos a tu nombre suele ser defendible frente a un okupa. Retirar contadores o manipular instalaciones puede acabar en denuncia por coacciones. Consúltalo antes con un abogado. Si es un inquilino con contrato, nunca: es coacción.

¿Qué pasa si los okupas enseñan un contrato de alquiler?

La policía no suele desalojar ante un contrato, aunque sea dudoso. En la vía de la Ley 5/2018, el juez valora si ese título es suficiente. Un contrato falso o firmado por quien no era propietario no les protege, y puede constituir un delito adicional.

¿Puede la comunidad de vecinos echar a los okupas de un piso?

No directamente, porque no es la propietaria. Sí puede denunciar delitos, requerir al propietario y ejercer la acción de cesación del art. 7.2 LPH si hay actividades molestas o ilícitas. Esa acción puede terminar con el lanzamiento de los ocupantes.